Página/12 | Opinión
Por Natalia Stoppani
El 30 de enero, a un mes y medio de la resolución 4055 del Ministerio de Educación de CABA, nos enteramos de su baja. Es decir, la misma dependencia estatal que había estipulado el cierre de escuelas nocturnas es la que debe firmar el tan aclamado “Déjese sin efecto”. El peso de las conquistas en estos tiempos de tanto retroceso en materia de derechos es sin duda enorme y permite seguir por todo lo que falta, que sin duda es mucho. Victoria lograda por un conjunto de actores de la vida educativa que en 45 días dieron todo lo posible para enfrentar las malas nuevas de los diciembres oscuros a los que el larretismo parece querer acostumbrarnos. Vale recordar, que en diciembre del 2016 nos encontramos con la modificación del Estatuto del Docente en relación a los puntajes de la formación docente y a fin del 2017 con el proyecto de Unicaba. Si a eso le sumamos los eneros de despidos masivos de trabajadorxs del Ministerio nacional (que sumó carteras diversas más no agrandó presupuesto) y los febreros de nulas o arduas negociaciones salariales en la Ciudad, claramente el verano viene siendo una estación donde algo huele mal en Buenos Aires.
Hacer memoria de estos antecedentes es la única posibilidad de entender la baja de la resolución como el resultado de una enorme fuerza conformada por la unidad de docentes, sindicatos y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que saben perfectamente los objetivos de fondo de cada accionar educativo de este modelo político: redefinir quiénes pueden ser sujetos de la educación. Lejos de pensar que el gobierno no tiene un proyecto educativo, pretender cerrar escuelas destinadas para población que en su gran mayoría trabaja todo el día y que por muchas y diversas razones no ha podido culminar sus trayectorias educativas secundarias, es un acto profundamente político pedagógico con rasgos disciplinadores y excluyentes claramente planificados. Del mismo modo, el “déjese sin efecto”, es una acción pedagógica que va en sintonía con aquella célebre confesión de Esteban Bullrich respecto de cómo tomaban las decisiones en 2014: “Hay que lanzar varias iniciativas al mismo tiempo, le abriste 12, el gremio focaliza en una y las otras 11 avanzan”. Esta es, pues, una iniciativa que no pudo avanzar, pero que si no había reacción popular, el 13 de febrero teníamos más de una docena de escuelas menos y varios cursos fusionados.
Ahora bien, la comunidad educativa tiene memoria y lleva más de doce años de experiencia neoliberal en la Ciudad. Es esa defensa histórica de la educación pública que tiene nuestro país, la que nos permite identificar todo un conjunto de “iniciativas” que pueden haber sido ejecutadas, porque el macrismo opera de forma arrolladora y sin ninguna apertura real al diálogo con la oposición, o bien que son aún propuestas y que se constituyen en el pliego de frentes que aún tenemos abiertos. Es esa misma memoria pedagógica la que nos permite entender de modo conjunto el intento de cierre de las nocturnas con el posible traslado de la Escuela de Cerámica y de la escuela media del Cenard, el cierre del lactario del Ramos Mejía, las más de 17 mil vacantes que faltan en toda la Ciudad, el vaciamiento del Fines y la reducción año tras año del presupuesto educativo. Y también, cómo no, unir estas acciones a los dichos de María Eugenia Vidal sobre quienes “pueden llegar” a las universidades –tan similares a las del Ministro de educación en Brasil– y la falsa fantasía “modernizante” de la cartera educativa nacional que se vislumbra en las pocas apariciones del Ministro Alejandro Finocchiaro.
En síntesis, existen modelos educativos en disputa: uno que con valores meritocráticos y excluyentes pretende seguir aplicando políticas sin consenso ni diagnóstico real y que deja afuera del sistema a miles de personas y otro que se propone democratizar las aulas, tomar las decisiones en forma colectiva, generar procesos participativos de deliberación sobre lo necesario para potenciar la actividad pedagógica y seguir bregando por un derecho que, en tanto humano, es universal y requiere de un Estado docente y presente que, pedagógicamente, haga todo para su garantía.
Nota publicada en Página/12 el 05/02/2019
