Superando la mitad del año 2017 y con ello 19 meses de mandato, el bloque gobernante actúa como fuerza de tareas de grupos económicos y financieros insaciables, forzando desde el primer día y en forma cotidiana, una brutal transferencia de recursos de los sectores medios y bajos de la población a los grupos privilegiados.
Esas políticas se observan en las grandes medidas macroeconómicas tanto como en las pequeñas decisiones y decretos diarios que van limando derechos o directamente los hacen desaparecer.
Es así que a las iniciales medidas quitando retenciones a la minería y al sector exportador de granos y carne, condonaciones de deuda a empresas privadas, el creciente endeudamiento coronado con el delirante empréstito tomado a 100 años, día a día se suman “errores de cálculo” de las jubilaciones, improcedentes solicitudes de documentación a pensionadxs con amenaza de sus beneficios, quites arbitrarios de pensiones a discapacitados, cercenamiento de los planes de ayuda a estudiantes, que van mostrando por dónde vendrá el ajuste que el gobierno Macri ha prometido a los prestamistas internacionales, que ahora, a las puertas de las elecciones de octubre, se empeñan en negar.
El gobierno plantea un estado de guerra, fogueando a una policía de la ciudad de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad en las prácticas represivas típicas de tiempos autoritarios, relajando los límites que la democracia de los últimos 34 años supo fijarles en cuanto al respeto por los derechos humanos.
Muestra de ello fue la represión del miércoles 28/6 en la 9 de julio, ahora que todos los testimonios coinciden en señalar que se desató al mismo tiempo que los manifestantes negociaban su repliegue. La decisión, evidentemente estaba tomada de antemano para mandar una señal: para los reprimidos, que se viene un tiempo de intolerancia. Para los apoyos políticos oficialistas y sectores privilegiados, un halago a sus expectativas de mano dura contra toda protesta.
Pero la urgencia que nos moviliza hoy es la persistente y arbitraria persecución que aplican contra el pueblo mapuche, en la cabeza del Lonko Facundo Jones Huala y los jóvenes manifestantes detenidos injustamente en las cercanías de los tribunales de la Capital Federal, hechos que repudiamos rotundamente.
Sucesos que se inscriben en la ya abiertamente injustificable detención de Milagro Sala y otros miembros de la Tupac y que marcan un retroceso brutal de los derechos humanos en la Argentina y gran parte de la Patria Grande.
