Por Edgardo Form - Diputado Legislatura CABA Frente Nuevo Encuentro y Gerente General del IMFC
«La justicia lenta no es justicia», decía el recordado Ricardo Molinas, durante su gestión al frente de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Y tenía razón, habida cuenta de la excesiva demora con la que el Poder Judicial resolvía casos que, en opinión de los especialistas, deberían sustanciarse rápidamente. Ya que hacemos referencia al comentario del doctor Molinas –a quien el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) homenajeó por su trayectoria al cumplir 70 años–, señalemos que por entonces (fines de la década del 80) no existía ningún conflicto judicial con el Grupo Clarín. O sea que la crítica a la lentitud de la «señora de ojos vendados» no estaba influida por esa circunstancia.
Pero las objeciones y sospechas sobre el desempeño de uno de los tres poderes republicanos viene de más lejos. «Hacete amigo del juez/ no le des de qué quejarse/ que siempre es bueno tener/ un palenque ande rascarse», recomendaba el Viejo Vizcacha. O sea que ya en el siglo XIX, cuando José Hernández escribió su célebre Martín Fierro, existía la convicción acerca de la vulnerabilidad de los magistrados.
Más recientemente, el filósofo Ricardo Forster señaló que el Poder Judicial es un reducto del poder real, el de las corporaciones. Esto permite preservar los intereses de los grupos privilegiados, ya que por su diseño y el nepotismo predominante en su estructura, hay un entrelazamiento de linajes y una cultura que no se corresponde con los procesos de construcción de una sociedad con más democracia política, económica y social.
De allí que la decisión de impulsar cambios destinados a la democratización de la Justicia, constituye un paso de enorme importancia para profundizar y consolidar los cambios que han tenido lugar en nuestro país durante la última década. Al respecto, el Instituto Movilizador ha señalado en su Propuesta cooperativa la necesidad de otorgar más poder a la ciudadanía, tanto en la gestión de las empresas públicas como en el gobierno de las comunas. Por extensión, este protagonismo ciudadano tiene que incidir en la elección de quienes habrán de constituir el Consejo de la Magistratura y otras instancias.
La democracia participativa es la única que pueda garantizar transparencia, para evitar las deformaciones derivadas de las presiones corporativas.
Publicado en la revista Acción, Segunda Quincena Marzo de 2013