Entrevista a Edgardo Form Publicado en la revista Acción - Segunda Quincena Mayo de 2013
Texto: Mirta Quiles y Cora Giordana
Fotos: Jorge Aloy
APRENDIZAJE. El legislador afirma que tuvo que consolidar una nueva metodología para presentar iniciativas y construir consenso.
Dirigente cooperativo –y en la actualidad gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos–, Edgardo Form es, desde hace poco más de un año, Diputado por la Ciudad de Buenos Aires. En la Legislatura porteña integra las comisiones de Presupuesto, Defensa de consumidores y usuarios, Salud, Cultura y es vicepresidente de la de Vivienda. A su vez, participa en la de seguimiento de las políticas culturales, de promoción de la participación plena de la ciudadanía, de la Tercera Edad, y es el titular del Grupo de Amistad con Cuba, que integran diputados de todos los bloques.
–La represión ejercida por la policía Metropolitana en el Hospital Borda, ¿marca un antes y un después en el Gobierno de la Ciudad?
–Uno de los aspectos respecto al tema de la represión que tuvo lugar en el Borda es la imagen brutal, descarnada de la Policía Metropolitana. Basta ver las fotos de los oficiales pertrechados como si fueran a una guerra, con equipamiento sofisticado para reprimir a enfermeros, pacientes ambulatorios, médicos, periodistas. Algunos colegas diputados y diputadas de la Ciudad que fueron a expresar su solidaridad, exhibían su credencial a las fuerzas represivas y así y todo recibieron malos tratos y balas de goma. Esto demuestra que la Metropolitana no es una policía de proximidad sino que tiene una clara imagen y actitud represiva que deviene de su origen. No olvidemos que Jorge Fino Palacios, procesado por escuchas ilegales y conexiones con el atentado brutal a la AMIA, fue su primer jefe; esa policía que a su vez está integrada por ex agentes de la Federal exonerados por prácticas ilegales, forman parte de la Metropolitana. Pero además, esa presencia policial –encomendada por el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain– para proteger a la empresa que tenía que destruir el Taller Protegido 19, tenía como objetivo desalojarlo para que se pueda instalar el Centro Cívico que aspira a constituir en el sur de la ciudad el gobierno macrista y con esto revalorizar los terrenos de la zona lindante. Es decir, sabiendo el impacto inmobiliario que tendrá en la zona, se venden terrenos a precios bajos y rápidamente (mediante acciones como estas) se los lleva a precios siderales, generando lo que se denomina plusvalía inmobiliaria.
–¿Es una decisión política el accionar represivo de la Metropolitana?
–En la interpelación al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, se le preguntó insistentemente quién había dado la orden. Y respondió que los oficiales de la policía tienen «libertad de acción» frente a un hecho delictivo. Se vio cómo actuaron. Pero además, hay una señal política, dirigida por un lado a reprimir la protesta social que, frente a los avances de una política que no contempla los intereses de la mayoría vuelve a reeditarse, y además esto contempla las necesidades de una parte importante del electorado macrista que quiere mano dura. Pero no es una suposición, esto uno lo ha venido escuchando a lo largo del tiempo. Después de aquella consigna «piquete y cacerola, la lucha es una sola» de 2001/2002, con el tiempo, a medida que fueron mejorando las condiciones de los sectores medios esa consigna se fue transformando en «garrote y mano dura para quienes obstaculizan las calles». Esto aparece cada tanto con fuerza y denota una vocación represiva también de un sector del electorado que es el núcleo duro que apoya al macrismo. Esta actitud de la Metropolitana, que todo el arco progresista repudia, a un sector le encanta y quiere más. Se juntan factores diversos: hay un núcleo duro de la derecha conservadora, reaccionaria y hay sectores que votan como votaron porque son antiperonistas, porque no les gusta el estilo del gobierno kirchnerista. Porque están influidos permanentemente por una campaña insistente para erosionar la imagen presidencial, son los que se dejan influir por los zócalos de TN o Canal 13, porque leen las tapas o titulares de Clarín, La Nación, Perfil, y no profundizan. Por eso bregamos por la aplicación plena de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que se democratice el derecho a la palabra. Es una batalla cultural muy compleja como lo vemos por estos días. ¿Cómo se confronta eso? Creciendo en capacidad de influencia, liderazgo, con construcción de hegemonía.
–¿Y cómo se construye hegemonía en el día a día en la Legislatura?
–A lo largo de mi primer año y pocos meses de gestión legislativa, debo decir que permanentemente estoy aprendiendo, porque en los más de 40 años de militancia cooperativa no he tenido la oportunidad de participar en un cuerpo electivo como este. De manera que estamos aprendiendo una metodología, un estilo, una forma de presentar proyectos, de intentar construir consenso en torno de algunas iniciativas parlamentarias, y de establecer también una relación interpersonal de respeto, más allá de las diferencias políticas e ideológicas. Creo que en este sentido la militancia y la experiencia acumulada en décadas de actividad en el movimiento cooperativo nos dan una determinada formación, un estilo, que en general no es la confrontación, sino más bien el diálogo. Paralelamente, desde nuestro bloque, que es Nuevo Encuentro, que integro con dos colegas diputadas como Gabriela Cerruti, presidenta, y Delia Bisutti, tenemos profundas diferencias con la gestión macrista, porque consideramos que se trata de un proyecto antagónico del proyecto nacional que se viene instalando en nuestro país desde 2003 y al cual apoyamos decididamente. Pero al mismo tiempo, es necesario encarar una acción propositiva, para contribuir a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía porteña.
–¿En ese sentido va, por ejemplo, su proyecto «Primera vivienda»?
–El programa apunta, aunque más no sea parcialmente, a resolver el acceso a la vivienda digna de un segmento de nuestra población. En este caso hemos ubicado un terreno que está en la Comuna 8, en el barrio de Pompeya, que tiene 6 hectáreas y media, apto para ser habitado (cuenta con redes cloacales, eléctricas). El terreno fue expropiado por la Ciudad en 2006/2007 con el objetivo de construir viviendas, con una finalidad habitacional. Concretamente, proponemos, junto con el arquitecto Julio Ladilesky, construir en ese predio condominios de 90 o 95 unidades habitacionales cada una, con espacios para usos múltiples, incluso con despensa para que en forma cooperativa los vecinos puedan adquirir productos. En total, se pueden llegar a construir casi 1.500 unidades habitacionales. Pensando en 4 integrantes por familia hablamos de casi 6.000 personas. El déficit habitacional asciende a un número muy superior (500.000 personas) pero los estudios que hemos hecho demuestran que con decisión política pueden satisfacerse demandas aún insatisfechas.
–¿Cómo se financiaría el programa?
–La financiación sería a través del Banco Ciudad. Estamos previendo y negociando con el Banco que sean créditos blandos, con tasa subsidiada y además que la Ciudad también destine presupuesto para cubrir parte de ese costo financiero. Pero no estamos hablando estrictamente de viviendas sociales, sino para sectores que pueden llegar a calificar para un crédito hipotecario. Estamos previendo un fondo de garantía recíproca para financiar la totalidad y en tal caso, lo que ponga la Ciudad de su presupuesto, al finalizar el pago del crédito, los titulares lo reintegren para reponer el fondo y usarlo para otros destinatarios. Creo que es un proyecto viable en la medida en que el Ejecutivo porteño lo asuma. En la presidencia de la comisión encontramos una buena disposición para profundizar en el proyecto.
–También integra la Comisión de Salud, y hace pocas semanas se dio a conocer un relevamiento propio sobre la situación de los Centros de Salud Comunitaria (Cesac).
–Empezamos a trabajar en esa investigación el año pasado, junto con mis asesores Damián Brat y Alberto Sandoval. Partimos de lo que establece la propia ley básica de Salud, la 153, y previo a esto, la propia Constitución porteña que garantiza tales derechos.
–¿Por qué investigaron la situación de los Cesac?
–Porque son un eslabón fundamental en la atención de la salud y esto hay que subrayarlo porque según estudios y opiniones de calificados sanitaristas, aproximadamente el 80% de las patologías que puede sufrir la población se curan, se resuelven mediante una clara política de atención primaria de la salud. Por esto deberían estar funcionando en la Ciudad, en condiciones óptimas, 45 Cesac o más, de manera tal que la proporción médico-paciente sea más razonable, con la posibilidad de que en cada comuna, en cada Cesac haya una historia clínica, un relevamiento, un seguimiento. En el relevamiento detectamos carencias de todo tipo: edilicias, falta de equipamiento y de elencos profesionales. Este fue uno de los aspectos que observamos con carácter crítico, pero al mismo tiempo señalamos cuestiones programáticas que levantamos como bloque y sobre las cuales haremos hincapié.
Esto tiene que ver con una articulación indispensable en materia de salud entre Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad, teniendo en cuenta que hablamos de una región metropolitana que excede los límites de la Capital Federal, con una población de 10, 12 o 13 millones de habitantes. Como muchos compatriotas vienen a atenderse a la Ciudad, hay que asegurar presupuesto y articulaciones en materia de política pública para que la atención primaria se pueda llevar a cabo eficazmente, reservando los 33 hospitales porteños para internaciones.
–En el informe además se señala la no ejecución del presupuesto de salud…
–El problema que observamos en ese rubro y en otros, como el de la educación pública, es la subejecución. Es un fenómeno que se repite. Hay una derivación de algunas partidas hacia otros fines que no son los que originalmente fueron aprobados y la proporción del presupuesto de este año de lo que se destina a salud en relación con la totalidad a aplicar, ha disminuido. Desde 2009 viene sucediendo esto. Algo similar ocurre con la educación pública, aunque se aumentó el subsidio a la educación privada. Prevalece en la política del Gobierno porteño y en esto coincidimos con gran parte de la oposición, un pensamiento que remite a la década del 90: priorizar el mercado por sobre un Estado activo y presente.
–Otro derecho que otorga la constitución porteña es el de la descentralización a través de las Comunas.
–La propia Constitución de la Ciudad habla de democracia participativa, pero sin Estado activo y presente la letra de la Constitución y de muchas leyes quedan en los anaqueles de las bibliotecas. Sin Estado no hay derechos. Para que las leyes se cumplan tiene que haber un Estado, decisión política, recursos. Hoy están funcionando las Unidades de Atención Ciudadana (UAC), en paralelo a las comunas.
Esto marca un estilo, una política del gobierno de la Ciudad. Las UAC recortan las atribuciones que la Constitución y la ley fijan a las Comunas, porque quieren prevalecer en la centralización del manejo presupuestario y hacer un recorte de atribuciones para evitar que se desvíe a través de la participación popular.
–Frente a este panorama en la Ciudad, ¿cómo se están preparando para las próximas elecciones de octubre?
–Tenemos un enorme desafío. La legislatura porteña tiene 60 diputados, de los cuales 26 pertenecen al PRO, que junto con sus aliados suele llegar a 31 legisladores con bastante comodidad. Nuestro interbloque, conformado por Nuevo Encuentro, el Frente Progresista Popular –que lidera Aníbal Ibarra–, y el Frente Para la Victoria totaliza 14 diputados. De esos 14, 5 finalizan su mandato. Nuestro objetivo de mínima es reponerlos, pero además, crecer para tener un interbloque con mayor número y peso relativo. La aspiración máxima del PRO es sumar legisladores para llegar solo a la mayoría, sin necesidad de alianzas. Es difícil, pero en este país nunca nada es imposible. Frente a esto, creo que lo que tenemos que hacer nosotros, el espacio de Unidos y Organizados, es procurar que la lista de candidatos que se ofrezca a la ciudadanía sea lo suficientemente atractiva, propositiva; que la lista, además de expresar esa igualdad en la diversidad, también tenga un programa de propuestas de cómo pensamos gobernar la Ciudad, y cómo resolver toda una serie de grandes problemas. No basta con decir que tenemos que poner a la Ciudad en sintonía con el proyecto nacional. Eso es cierto, en eso concordamos, por supuesto, pero hay que tener propuestas. En materia de vivienda, de salud, de educación de seguridad, propuestas viables, concretas, sensatas, realistas y comprensibles.
