Hoy por hoy, si uno se informa a través de la prensa hegemónica, tiene la impresión de que estamos viviendo en medio de un caos, típico de un final de ciclo. Casi casi que nos convencen de que el proyecto iniciado en 2003 de la mano de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después, estaría huyendo en retirada. Lo extraño es que en esos mismos medios uno lee noticias que contradicen de cuajo la teoría del final de una etapa.
Si algo caracteriza a esta década es la recuperación de los derechos de los trabajadores perdidos durante la dictadura cívico-militar y la década neoliberal del menemismo. La Asignación Universal por Hijo; las paritarias libres; los créditos para la vivienda PROCREAR; la recuperación de las jubilaciones en manos del Estado; las leyes de empleo para trabajadoras de casas particulares o para los peones de campo son muestra de esos derechos recuperados u obtenidos por vez primera.
Por estos días la Cámara de Diputados de la Nación debate el proyecto de ley para la Promoción del Trabajo Registrado y la Prevención del Fraude Laboral, proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
Oportunamente el Poder Ejecutivo envió el proyecto al Parlamento y a pesar de sus denuncias permanentes la oposición aportó sus ideas y se introdujeron modificaciones. Por ejemplo la que le permiten a las provincias el control y la que exceptúa de la norma a aquellas empresas que se vean obligadas a despedir trabajadores por estar en una zona de emergencia.
El proyecto legislativo contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas; medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.
Desde el oficialismo esperan poder incorporar mas de 600 mil trabajadores al empleo formal en los próximos dos años. Como signo de los tiempos, si la ley es aprobada, las grandes empresas serán sancionadas en caso de que no cumplan con la norma en tanto que las pequeñas y medianas tendrán estímulos para formalizar a su personal.
Como vemos es una clara medida que va en defensa de los trabajadores informales; que facilita a las pequeñas y medianas empresas a regularizar su situación; que ayuda al fortalecimiento del mercado interno y que sigue una tendencia que los medios hegemónicos parecieran desear que quede en el camino: la de defensa de los derechos de los trabajadores.
No parece una iniciativa típica de un gobierno que huye sino una medida coherente con la línea de un Gobierno que hizo y hace de la lucha por la inclusión una política de Estado y que sabe que un trabajador registrado es una familia que empieza a salir de la indigencia para aspirar a una vida digna.
Como en cada uno de los temas, los medios opositores intentan ocultar la realidad y transformar las cosas positivas en negativas.
