Por Mesa de DDHH del PSol CABA
Este nuevo aniversario del trágico 24 de Marzo de 1976 nos encuentra frente a la paradoja ingrata de los vaivenes históricos que nos muestran una y otra vez que el progreso de la humanidad no es lineal.
La visión compartida con el amplio campo popular al que pertenecemos, de que las políticas económicas y sociales más centrales que llevó adelante la dictadura cívico militar vuelven a aplicarse hoy en contra de las mayorías populares por la Alianza Cambiemos, no hace más que recordarnos aquel pasaje de la carta dirigida a la Junta Militar por el militante y periodista Rodolfo Walsh un día antes de que los genocidas lo secuestraran y desaparecieran: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. La última dictadura genocida instaló un cínico dispositivo llamado “Proceso de Reorganización Nacional” de control social para la implementación de un modelo económico de exclusión y concentración económica en desmedro de los sectores populares y más vulnerables, proceso que apuntó a la desarticulación de los lazos sociales y redes solidarias. El secuestro, la desaparición de personas, su detención en Centros Clandestinos de Detención y Exterminio, la tortura, el robo de bebés, la injustificada Guerra de Malvinas con el horrendo saldo de muerte de miles jóvenes y la pérdida de nuestra soberanía, así como la sistemática desaparición forzada de personas fueron el accionar frecuente en un país en el cual el poder necesitaba de una población sometida por el terror.
Hoy, en el marco democrático y con el poder económico en el gobierno, vuelven a aplicarse esas políticas económicas en contra de los mismos sectores de la sociedad, provocando enormes niveles de desigualdad. Por eso, así como Walsh advertía dónde había que buscar la razón de los crímenes perpetrados por la dictadura genocida, nosotrxs, del mismo modo, afirmamos hoy que lo que el Presidente y sus funcionarios llaman “errores” no son más que los esfuerzos de una deliberada política económica que no puede tener otros efectos que retrotraer el desarrollo de las fuerzas productivas a una etapa preindustrial a costa del sufrimiento y la pobreza de nuestro pueblo: disminución del salario real, flexibilización laboral, despidos masivos, oprobioso pago a los fondos buitre, corrupción estructural, sideral endeudamiento destinado a la fuga de capitales, preeminencia del sector financiero-agropecuario, fuerte devaluación, aumento indiscriminado de los servicios públicos, destrucción de las Pymes, caída del consumo interno, altos niveles de inflación y transferencia de recursos de los sectores más vulnerables hacia los sectores más concentrados de la economía.
Vivimos un ajuste brutal que se combina con una decidida política de disciplinamiento de lxs trabajadorxs, sus organizaciones sindicales, las expresiones políticas que defiendan los intereses de las mayorías populares, de persecución política judicial a líderes políticos como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de estigmatización y represión de la militancia que tiene como hecho paradigmático el encarcelamiento arbitrario de dirigentes populares como Milagro Sala, caso emblemático de revanchismo político y de desconocimiento, en democracia, de los pedidos de libertad por parte de los organismos internacionales de derechos humanos.
Una vez más, como sucedió en 1976 y durante los neoliberales ‘90, asistimos a un proceso de desindustrialización y de especulación financiera con alto endeudamiento cuyas consecuencias son conocidas por gran parte de la ciudadanía. Este proceso hoy lo lleva adelante una ceocracia que no es más que la expresión administrativo gubernamental del poder fáctico que comprende, además de los sectores concentrados de la economía, a los medios de comunicación hegemónicos y a buena parte del Poder Judicial. Es este modelo que llevó al país a la crisis social de 2001, la más grande que sufrió la Argentina desde su origen.
La concepción oligárquica del privilegio que ostenta y difunde el nuevo gobierno no conforma un modelo de país sino una matriz ideológica orientada a reformatear, como lo intentó la más sanguinaria dictadura de nuestra historia, a la sociedad argentina que viene de un periodo de sustancial revalidación de derechos sociales, culturales, laborales y económicos. Nuevamente toman el poder los mismos cipayos, o sus herederos, que intentaron aplastar toda idea de nación libre, justa y soberana, así como un desarrollo independiente e integrado con la Patria Grande latinoamericana, que es la única salida posible para nuestros castigados pueblos.
Con significativo cinismo y desinterés por los “daños colaterales”, este gobierno, que asumió con la legitimidad del voto a partir de una campaña basada en engaños, mentiras e ilusiones mediáticas, avanza sin miramientos con la triste pero real consigna “donde hay una necesidad, hay un negocio”. Para la Alianza Cambiemos todos los aspectos de la vida nacional son privatizables y para ello intenta hacerle creer al país que no tiene derecho a una vida digna, salvo que tenga los medios para pagarla, en un contexto de ataque a los ingresos populares por la vía del ajuste salvaje. En ese esquema, siempre a favor de un puñado de privilegiados intereses, se intenta reducir la democracia a su mínima expresión, a la emisión de un voto que debe leerse como cheque en blanco para la impunidad. Pero, incluso, ese voto se constituye en un riesgo serio cuando los trucos marketineros se muestran impotentes para tapar la realidad. En esa línea van las manifestaciones públicas de la Vicepresidenta de la Nación, verdadero sincericidio, quien propone eliminar las elecciones de medio término, singular “palo en la rueda” para imponer el modelo económico de la exclusión y la injusticia social.
Nada de todo esto está desvinculado de las políticas de DDHH del actual Gobierno. No olvidamos y seguiremos repudiando las inefables opiniones del Presidente Macri sobre que habría que acabar con el “curro” de los DDHH, los Ford Falcon verdes en los festejos del Bicentenario, el decreto contra los inmigrantes, el intento parlamentario de bajar la edad de imputabilidad, la quirúrgica modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los retrocesos en el enjuiciamiento a los genocidas y en las políticas de asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado, y la oscurantista insistencia de negar la cifra de lxs 30 mil compañerxs detenidxs desaparecidxs.
Pasaron 41 años del Golpe, y hoy la lucha continúa. La memoria colectiva tiene recursos que le permiten sobreponerse a los embates constantes de un sistema que se resiste a rendir cuentas de sus actos más deleznables y pone en funcionamiento su poderoso aparato para entorpecer o silenciar los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia.
