En cumplimiento del mandato constitucional establecido en su artículo 42, el programa de Precios Cuidados implica un acuerdo con los supermercados, con los distribuidores y con los principales proveedores, persiguiendo los siguientes objetivos: asegurar condiciones de competitividad en la economía, cuidar el bolsillo de los argentinos y que cada consumidor ejerza su derecho a elegir informado.
Por Edgardo Form
A partir del programa de Precios Cuidados dispuesto por el Gobierno Nacional, se han puesto de relieve dos temas de suma importancia. Por una parte, cuáles son los factores que inciden en la formación de los precios y, al mismo tiempo, los derechos de los consumidores y usuarios establecidos tanto en la Constitución Nacional como en la Carta Magna porteña.
En relación con el primer aspecto y contrariamente a la creencia instalada por los comunicadores de los medios hegemónicos, el aumento del precio del tomate, la yerba o el litro de leche no es culpa de Cristina, sino de las cadenas de valor fuertemente influidas por los grupos concentrados que siguen teniendo un enorme peso en la estructura económica de nuestro país.
Recordemos que durante la década de los 90 hubo un proceso brutal de concentración y extranjerización de la economía, cuyas consecuencias persisten a pesar de las profundas transformaciones producidas desde el 25 de mayo de 2003.
Entre las estrategias desplegadas por los sectores concentrados destinadas a mantener sus enormes ganancias y beneficios se incluyen acciones espurias. Un ejemplo de este tipo de despliegues tuvo lugar en nuestro país en el año 2012, cuando se establecieron medidas para la mejora de las condiciones de los trabajadores de los yerbatales (1). En dicho momento se elevó el precio mínimo de la hoja verde de $0,70 a $1,70 por kilo. (Hay que tener en cuenta que para 1 kilogramo de yerba son necesarios 3 kilogramos de hoja verde cosechada). Esas subas fueron trasladadas al precio final del producto, que pasó de $20.- a $40.- por kilo, es decir, una suba de un 100 por ciento en góndola.
Otro dato ilustrativo: un conjunto de siete empresas concentra el mayor número de establecimientos, las más amplias superficies de súper e hipermercados así como las facturaciones, con una venta del 58 por ciento del total de alimentos y bebidas del país.
Por su parte, los medios de comunicación dominantes financiados por esas mismas empresas no se mantienen al margen de estas maniobras, ocultando los impactos que ocasionan y generando confusión, con la finalidad de sembrar la falsa conclusión de que esas variaciones abusivas de precios al consumidor obedecen a las políticas del Gobierno Nacional, o bien personalizando al supuesto culpable en la figura del secretario de Comercio Interior.
Como dijimos al comienzo, la Constitución Nacional establece en su artículo 42 que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”. Y más adelante señala: “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios”.
En cumplimiento de este mandato constitucional, el programa de Precios Cuidados implica un acuerdo con los supermercados, con los distribuidores y con los principales proveedores, persiguiendo los siguientes objetivos: asegurar condiciones de competitividad en la economía, cuidar el bolsillo de los argentinos y que cada consumidor ejerza su derecho a elegir informado. Asimismo, según declaraciones del secretario de Comercio Augusto Costa, el principal fin es dar valores de referencia, induciendo a que los demás precios no puedan distanciarse de los acordados, remarcando que “la disputa de fondo es por los márgenes, por la apropiación de la renta de la cadena de valor”. Intereses tales como el control sobre la formación de los precios y el sostenimiento del consumo interno vienen impulsando estas políticas a fin de mantener el consumo popular y contener los niveles de inflación.
Cabe insistir en un concepto clave: sin Estado no hay ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. O sea que no alcanza con la consagración de tales derechos en la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio, sino que se requiere de un Estado activo y presente. Pero, además, es indispensable la participación popular en el control del cumplimiento efectivo de esas normas. Así, la vigilancia de los Precios Cuidados, los reclamos ante las autoridades competentes y la negativa a someterse a las remarcaciones injustificadas constituyen una buena práctica que ha comenzado a instalarse en la conducta ciudadana.
A la par de estas medidas y de las que puedan sumarse, es necesario prestar especial atención a las experiencias de la economía solidaria, tanto de las empresas cooperativas preexistentes como a los nuevos emprendimiento asociativos. Asimismo, recientemente se han generado proyectos legislativos concebidos en defensa de los consumidores.Un primer ejemplo destacable es el de la Cooperativa Obrera, con más de noventa años de fecunda existencia, cuya sede central está en la ciudad de Bahía Blanca, con presencia en cerca de un centenar de localidades en las provincias patagónicas.
Fiel a los principios y valores de la cooperación, esta entidad señera del cooperativismo de consumo distribuyó con posterioridad al cierre de su último ejercicio económico, en 2013, aproximadamente 30 millones de pesos en concepto de distribución de los excedentes repartibles entre sus asociados. O sea que, tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Cooperativas número 20.337, reintegró un porcentaje de lo que cada asociado pagó de más al momento de utilizar los servicios de la cooperativa.
Esto es uno de los rasgos distintivos que define la naturaleza jurídica y doctrinaria de la cooperación, ya que no persigue fines de lucro sino de servicio. Y en virtud de esta cualidad se rige por el criterio de la rentabilidad necesaria y no el de la máxima ganancia, que es la razón de ser del capitalismo.
Pues bien, la Cooperativa Obrera cumplió con su cometido y benefició a sus asociados. En cambio, Carrefur, que es diez veces más grande, no distribuyó ni un centavo y acumuló ganancias siderales a expensas de los bolsillos de sus clientes.
Esto mismo se puede proyectar a los otros grandes grupos de hipermercados, lo cual ilustra el grado de incidencia en la formación de los precios y la acumulación de utilidades concentradas a favor de unos pocos. Así está configurado el mercado y esas son las consecuencias.
Para cambiar esta realidad hace falta acumular mucha fuerza política organizada, tomar decisiones acertadas y oportunas, promulgar leyes que provean al Estado de herramientas eficaces para actuar y, lo decimos una vez más, la indispensable participación popular.
Finalmente, con respecto a las iniciativas que procuramos aportar en función de atender a las legítimas demandas de la comunidad, recientemente hemos presentado un Proyecto de Ley para la creación de treinta Ferias Itinerantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a razón de dos por comuna.
La propuesta está impulsada por los diputados de la Legislatura porteña Gabriel Fuks (Frente para la Victoria), Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica-UNEN) y el autor de esta nota. Allí planteamos la instalación de estas bocas de abastecimiento cuyos precios deben estar en correspondencia con los del Mercado Central que, en promedio, son un 50 por ciento más baratos que los cobrados en los supermercados.
Dicho proyecto comenzará a debatirse en el transcurso del mes de mayo del corriente año y es de esperar que cuente con el apoyo necesario para su sanción y puesta en marcha. Pero sin perjuicio del trámite parlamentario requerido para su promulgación, consideramos que se trata de una iniciativa que debería trascender los límites de la Legislatura y ser asumida por las organizaciones de defensa de consumidores y usuarios, como expresión de la ciudadanía. De eso se trata el empoderamiento del que habla nuestra Presidente, condición indispensable para defender nuestros bolsillos y todo lo demás.
(1) Repensando el consumo desde el cooperativismo. Montserrat Miño. Revista Idelcoop 212, Marzo de 2014.
