"Durante décadas hemos estado prácticamente proscriptos"

02/09/2013

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente cooperativista habló tras las audiencias relativas al fallo sobre la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522) frenados a partir de un planteo del Grupo Clarín. "La intervención de Rodríguez Villafañe fue brillante", consideró respecto del representante de la economía solidaria ante la Corte.

"El debate impostergable gira en torno a la idea de que a la comunicación la manejan los monopolios o se maneja democráticamente con el ejercicio pleno de la ley y con el Estado como garante de que esto efectivamente sea así", resumió el legislador porteño Edgardo Form.

Además, calificó como "brillante" al argumento del abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, quien representó a la Confederación Cooperativa de la República Argentina como amicus curiae por la parte del Estado.

"Creo que con dignidad, con argumentos y con altura el sector cooperativo estuvo presente, mostrando su coherente postura ya que Rodríguez Villafañe recordó que durante décadas hemos estado prácticamente proscriptos y durante todo ese lapso, el grupo Clarín no dijo una sola palabra en defensa del derecho a la libertad de expresión de las cooperativas, mutuales y toda la Economía Solidaria", enfatizó Form, quien también gerencia el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC).

En dialogo con Ansol, examinó: "Poner en un pie de igualdad durante las audiencias al Estado y por el otro lado, a un ente privado y monopólico como es el grupo Clarín, ya de por sí es una cosa que preocupa en cuanto a lo que significa la democracia y el respeto por los poderes de la República. Hay una incursión que supera las facultades, a nuestro modo de ver, del Poder Judicial. Hay una interferencia con el Ejecutivo y el Legislativo".

Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia presenció las argumentaciones de los amigos del Tribunal a favor y en contra de la constitucionalidad de varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522), así como también las de los abogados del Poder Ejecutivo Nacional y del Grupo Clarín.