Página/12
Es paradójico el discurso y el accionar del gobierno de Mauricio Macri. Proponen reformular el sistema de salud para que sea “transparente, eficiente y abierto” y ejecutan políticas que ponen en riesgo a estos tres conceptos.
Por Edgardo Form
Es interesante observar la “transparencia” de las obras que prioriza el GCBA, que pinta los frentes de los hospitales, renueva sus veredas y coloca videocámaras mientras, en las sombras, la tecnología que utilizan dichos nosocomios para cumplir su función es obsoleta, hay faltantes de insumos o son de baja calidad y la infraestructura interna está seriamente afectada por la ausencia de mantenimiento.
Pregonan eficiencia, y al recortar las suplencias de guardia desmantelan servicios pediátricos, afectan las guardias de los trece hospitales de agudos, reducen el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los programas de asistencia y de salud mental a su mínima expresión. Paralelamente, son negligentes en gestión, ya que hay más de dos mil cargos concursados que por motivos presupuestarios aducen no poder cubrir y no existen visos de normalización de las designaciones.
Sostienen que es necesario un sistema abierto y ordenado, pero es difícil encontrar concursos públicos en los establecimientos de salud y la ausencia de nombramientos provoca “agujeros” que la gestión política no asume. Tal vez, la insuficiencia de personal provoca el carácter abierto del sistema, ya que hay servicios completos que históricamente se han cubierto con suplencias de guardia.
La resolución Nº 1657/13 que limita las suplencias de guardia en la ciudad de Buenos Aires afecta a unos 1500 trabajadores y precariza la atención primaria de la salud al reducir entre un 30 y 40 por ciento dichas suplencias en los establecimientos públicos. La puesta en práctica de esa resolución ha desmantelado los Programas Pediatra en casa, Padu pediátrico y clínico, Buenos Aires Presente (BAP), Gorip (Gestión, Organización y Regulación de Internaciones Pediátricas) del SAME, ha generado 98 despidos de profesionales en el Hospital Alvarez y otros tantos en el Borda y el Moyano.
En la última actualización de la Encuesta Permanente de Hogares de la ciudad de Buenos Aires se destaca que el 40,3 por ciento de la población que reside en la Comuna 8 sólo utiliza el sistema público de salud. Justo ahí, en esa comuna, el GCBA incumple la ley Nº1769/05 que dispone la construcción de un hospital en el barrio de Villa Lugano y solamente conserva el Cecilia Grierson, un centro de salud. Lo que ocurre en Lugano es la matriz del concepto de salud pública que maneja el gobierno de Macri, que se ramifica en el recorte de las suplencias de guardia y en el deterioro de los servicios de salud.
Aun si aceptamos la hipótesis de que a la media porteña esta situación no la roza, ya que los habitantes de la Ciudad que se atienden en los establecimientos públicos no superan el veinte por ciento, y por lo tanto el costo político para el gobierno es meramente gremial, es clave que los ciudadanos tomemos conciencia de que en los hospitales públicos se forman los profesionales que nutren a los equipos de salud de todo el país.
Estos establecimientos públicos son “incubadoras” de conocimiento que permiten mejorar la calidad de atención prestada por los diferentes trabajadores de la salud en los tres subsectores (público, obra social y privado).
Por lo tanto, la precariedad de la salud pública pone en riesgo la eficiencia de todo el sistema de salud. Sin darnos por enterados, este conjunto de medidas pone en peligro la salud de todo el colectivo social.
