Por Frente de Derechos Humanos PSol CABA
El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, instituido por resolución de la ONU en 2011, a raíz de la preocupación generada por el aumento de ese tipo de crimen de lesa humanidad en diversas regiones del mundo.
Argentina, por muchos motivos, tuvo un rol protagónico en la definición de la desaparición forzada de personas. Ante todo por haber sido practicada metódicamente por la dictadura cívico militar que asaltó el poder entre 1976 y 1983; y luego, por la lucha de los organismos defensores de los DDHH que consiguieron generar una alta conciencia en todo el mundo acerca de lo ocurrido en nuestro país.
Esta conciencia, firmemente arraigada en esta sociedad, aún con toda su dispersión social, implica un umbral bajo de sensibilidad ante cualquier desborde. Es así que hechos aislados aunque irresueltos, ocurridos a partir de 1983, provocaron inmediatas movilizaciones de gran transversalidad a lo largo y ancho del país. Jorge Julio López, desaparecido el 18 de septiembre de 2006, testigo fundamental en el juicio contra el genocida Etchecolatz. Santiago Maldonado, desaparecido el 1° de agosto de 2017 durante la irrupción ilegal –ordenada por el gobierno del entonces presidente Macri- de un grupo de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut. Su cuerpo, extrañamente, apareció 2 meses y medio después en el río Chubut, dejando hondas sospechas de que su desaparición forzada y la posterior aparición de su cadáver no fueron casuales.
Dos casos de relieve, entre muchos otros, que movilizaron multitud de manifestantes. Hubo ciertamente otros episodios que tampoco se esclarecieron, que alcanzan un número de 200 personas víctimas de desaparición que afectan primeramente a la persona, a su familia y a su comunidad, que quedan sin consuelo ni reparación. Más cercanos en el tiempo, Daniel Solano, trabajador frutihortícola de Choele Choel, y el más reciente Facundo Astudillo Castro, desaparecido y luego aparecidos sus restos, en circunstancias que lo asemejan a Santiago Maldonado. En lugar de Gendarmería, por Facundo actúa la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en un hecho tampoco resuelto satisfactoriamente, que es leído como de grave violencia institucional.
Pero extrañamente, hay otros que permanecen en un limbo desinformativo. Es el caso del policía Arshak Karhanyan, desaparecido el 24 de febrero de 2019 sin dejar rastros. En este contexto resulta incomprensible la pasividad de la institución policial a la que pertenece, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, normalmente muy celosa, como toda fuerza de seguridad, del destino de su personal, especialmente cuando se trata de hechos trágicos. Pero las pocas evidencias que hay en la investigación sólo arrojan fuertes dudas sobre el accionar de la propia Policía, que en lugar de peritar el celular de Arshak borró sus registros, luego reconstruidos parcialmente por la Policía Federal, destruyéndose pruebas fundamentales para investigar los últimos contactos del policía, y con ello la posibilidad de esclarecer lo sucedido. De este hecho, que curiosamente no tiene reflejo adecuado en los medios habitualmente sedientos de noticias con ribetes sensacionalistas, tampoco hay una preocupación del responsable político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, ni de su ex vicejefe a cargo del Ministerio de Seguridad, Diego Santilli. Así, mientras se dedican a los negocios inmobiliarios y a la campaña electoral, lxs referentes del oficialismo de la ciudad no solo han minimizado el tema de la desaparición de Arshak Karhanyan, sino que tampoco mostraron empatía alguna con su madre y familiares que lo buscan desesperadamente *desde* hace 2 años. Conducta recurrente del espacio político de Juntos (o como deseen llamarse para intentar eludir la responsabilidad por el pésimo gobierno de Macri), *que* mantiene una conducta invariable de encubrimiento frente a hechos similares.
En forma simétrica, la ex ministra Patricia Bullrich destrató a los familiares de Santiago Maldonado, sosteniendo siempre la supuesta culpa de la víctima y la defensa cerrada de las fuerzas que participaron en el hecho, a pesar de las notorias dudas que dejan las investigaciones.
Aparece clara la necesidad de ejercer y cuidar la memoria, conmemorar la tragedia de la desaparición de cientos de miles de personas, particularmente en América Latina y en muchos otros lugares del planeta, tanto como la búsqueda implacable de justicia.
La impunidad es la garantía de la repetición, así como la desmemoria y la desinformación garantizan nuevas generaciones ajenas por completo a la historia y a sus enseñanzas, y por lo tanto vulnerables a los embates recurrentes de un poder fáctico que defiende sus privilegios a golpes de injusticia.
