Todo indica que la primer semana de marzo será una semana clave. Para empezar, el sábado la presidenta Cristina Fernández inaugura un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y se espera un discurso importante en cuanto anuncios y definiciones. No es para menos teniendo en cuenta que este verano que aún no termina es sin dudas el más movido de los últimos tiempos.
Por Gustavo Nagel
Parece que fue hace mucho pero vale recordar que el 2013 terminó con las policías provinciales sublevadas, haciendo abandono de sus obligaciones y propiciando el caos con claros sesgos golpistas. Un caos que fue amplificado y fogoneado por los medios hegemónicos y la derecha, en su intento por mostrar un país al borde del peor de los abismos. Aquellas movilizaciones policiales les arrancaron a algunos gobernadores aumentos salariales del orden del 35 por ciento. Un porcentaje que está diez puntos por arriba de lo que esos mismos gobernadores ofrecen a los docentes en sus provincias.
Las tensiones en el escenario económico por su puesto no terminan ahí. La puja distributiva está en pleno desarrollo y tras la devaluación vino el capítulo precios y días atrás arrancó el de las paritarias cuyo puntapié inicial lo dieron los docentes.
Da la sensación —y quizás el lector compartirá esto con nosotros— de que las paritarias son uno de los grandes cambios estructurales operados en la última década. De esos que será difícil de desarticular en caso de un giro brusco en el modelo de país. Trabajadores, empresarios y Estado vienen reuniéndose desde hace 12 años para acordar los montos de los salarios y las condiciones laborales. En líneas generales en esta década el sistema fue favorable a los trabajadores. El Estado buscó siempre garantizar el poder de compra de la población y con esto apuntalar la demanda interna y el empleo. Y este, más allá de cualquier valoración de tipo política, es el nudo del modelo de la última década. Contrastando con esto, no sorprende ver al ahora Diputado massista, Felipe Sola, pidiendo la rebaja de los salarios, medida ya aplicada por De la Rúa y por Menem, cuyas consecuencias conocemos de sobra.
La presencia de un Estado activo sigue siendo, hoy más que nunca, un factor central para garantizar la continuidad de un modelo económico que privilegie la generación de empleo digno y una mejor distribución de la riqueza. La resistencia de los capitales concentrados y sus aliados los medios de comunicación hegemónicos es dura, y se manifiesta en su pelea por más devaluación, sus movidas especulativas, su negativa a vender las cosechas, los aumentos injustificados de precios e incluso sus intentos de generar caos.
La única manera de enfrentarlos con éxito es con el respaldo y la participación de la población, sujeto imprescindible para defender las políticas que se han venido llevando a cabo en la última década, políticas que tienden a construir de una vez por todas un país que crezca distribuyendo las riquezas en forma equitativa y solidaria.
