Tiempo Argentino | gestión educativa macrista
A la pedagogía de la calidad neoliberal, le respondemos con pedagogías para la emancipación.
Por Natalia Stoppani - Politóloga, Investigadora del CCC Floreal Gorini, militante de la Juventud del Psol CABA
En diciembre del 2007 asumió como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri, designando como su ministro de Educación a Mariano Narodowski. En marzo del 2008 el ministro mencionado emitió el memorando 494.822-DGEGE-2008 por medio del cual se prohibía a los docentes hacer declaraciones en los medios de comunicación. Durante 2008, estudiantes secundarios de la Ciudad tomaron diversos establecimientos educativos en reclamo de becas estudiantiles, lo cual culminó en noviembre del mismo año con la sanción de la Legislatura de una ley de becas. En septiembre, el ministro solicitó a directivos de las escuelas tomadas la confección de listas negras con los nombres de los estudiantes que hubiesen participado de las tomas de los establecimientos educativos.
En febrero del 2009, Narodowski y la entonces ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, fueron multados con el pago de 50 pesos por día ante la falta de vacantes en el nivel inicial. En octubre, Narodowski reconoció la contratación del espía Ciro James y fue acusado de escuchas ilegales, motivo por el cual fue procesado. En noviembre, el gobierno porteño intentó instalar en el predio de Puerto Pibes, donde funciona la escuela Indira Gandhi, un muro para ubicar allí oficinas de la Policía Metropolitana. La justicia ordenó el freno a tal construcción.
En diciembre asumió como ministro de Educación Abel Posse. Su gestión duró tan sólo 12 días, tras las denuncias por sus declaraciones públicas haciendo apología de la última dictadura cívico militar y por haber sido embajador durante el período dictatorial mencionado. Tras su renuncia asumió el actual ministro, Esteban Bullrich.
En agosto del 2010 se volvieron a suceder numerosas tomas en reclamos del presupuesto educativo y sobre todo, para denunciar el estado crítico de la educación pública en la Ciudad. En respuesta a ello, el ministro de Educación emitió el memorándum 912750/DGEGE/2010 pidiendo datos de quienes hubiesen permanecido en las escuelas durante las tomas para luego remitir la información a la policía.
En el 2011 el conflicto por las Juntas de Clasificación docente implicó la movilización de miles de docentes a quienes se volvió a amenazar con el descuento por días de paro, muchos de los cuales se consumaron meses después en los respectivos salarios.
En marzo de 2012 la cartera educativa emitió la disposición N° 15/2012 por medio de la cual se estipulaba el cierre de más de 200 grados y cursos de las escuelas públicas de la Ciudad. Nuevamente, denuncias por posibles cierres sin argumentos válidos y la movilización de toda la comunidad educativa posibilitaron el retroceso parcial de la medida. En abril les fueron quitadas las viandas a quienes participaban del programa Puentes Escolares, las cuales debieron ser restituidas por orden judicial tras el reclamo popular. En agosto, Bullrich separó de su cargo a cinco maestros, directivos y un auxiliar de una escuela porteña tras haber aparecido en un video filmado dentro de la escuela mostrando "una representación disvaliosa del Sr. Jefe de Gobierno y del suscripto". También en 2012, el ministro de Educación envió a diversas escuelas un cuestionario del Ministerio de Seguridad donde se les preguntaba a los estudiantes cuestiones como si alguna vez habían robado y hecho daño a los autos de los docentes. Y para no ser menos que sus predecesores, Bullrich lanzó una línea telefónica para que padres y madres denuncien prácticas de intromisión política en las escuelas. Las medidas enumeradas no hacen más que mostrar rasgos autoritarios y conservadores de todas las gestiones educativas del presente gobierno y del propio jefe político de la Ciudad. Persecución a los trabajadores de la educación y al movimiento estudiantil parece ser la norma de cada medida que deciden llevar a cabo.
Ahora estamos viviendo momentos de tomas en diversas escuelas de nuestra Ciudad en reclamo por la aplicación progresiva e irreversible de una nueva versión de la escuela secundaria PRO en la que, entre muchas otras cuestiones, pretende quitar las horas de enseñanza de historia y geografía y poner en peligro modalidades históricas e importantes de los diferentes bachilleratos. Reforma de la secundaria que, hasta ahora, sólo se lleva adelante con una serie de jornadas institucionales en las que los docentes deben opinar sobre documentos entregados sin demasiada antelación, sin la participación de los estudiantes de los terciarios e institutos de formación docente de la Ciudad y con la "elección voluntaria" de algunas escuelas que funcionarían como escuelas pilotos de la Nueva Escuela Secundaria (NES) a cambio de mejoras edilicias, por ejemplo.
En estos argumentos y en la política concreta de esta gestión, la participación se reduce a meras opiniones y consultas sin la información necesaria, a la vez que se la asocia con formas de expresión en las que no se ponga en juego el “normal” funcionamiento del dictado de clases. La participación, entonces, no es plena sino condicionada por un gobierno que no acepta las formas de lucha y resistencia que la comunidad educativa está dispuesta a dar en defensa de la escuela pública. Para que la participación no sea un simple lema y sea efectiva, se necesitan canales de diálogo y discusión, pero también de decisión en la que todos los actores involucrados puedan ser parte de igual manera; se requiere concebir a los estudiantes como sujetos de derecho; se requiere de información entregada con tiempo y con plazos que permitan el verdadero debate colectivo.
A la pedagogía del autoritarismo, le respondemos con la pedagogía de la resistencia y la construcción por una escuela pública que forme sujetos con pensamiento crítico. A la pedagogía de la calidad neoliberal, le respondemos con pedagogías para la emancipación. Las tomas a las escuelas por reclamos genuinos y fundamentales, los paros por malas condiciones de trabajo, las jornadas de reflexión, los proyectos de legislación presentados por sindicatos y agrupaciones estudiantiles, los abrazos a las escuelas de las familias, las movilizaciones en las calles y los debates en las aulas son algunas de las maneras en las que maestros y estudiantes defendemos la escuela pública.
