Emilio Friszman, Frente de Derechos Humanos PSol CABA
En la búsqueda permanente de inocular odio hacia el gobierno popular, único camino por el que se esperanzan en recuperar el enorme y creciente terreno perdido frente a la ciudadanía, sectores de la oposición han propiciado un debate a partir de la instalación de noticias falsas que tuvo acogida y amplia difusión en los medios hegemónicos, buscando tocar las fibras más emotivas y menos racionales de la ciudadanía.
Hablamos de la campaña que intenta confundir representando algunas medidas relacionadas con la protección sanitaria a personas privadas de su libertad, como un macabro plan de liberación indiscriminada de criminales peligrosos.
Es difícil dar a familiares o víctimas de delitos violentos, postulados generales de derechos humanos que, leídos fuera de contexto, pueden parecer una burla al sentido común.
Esa es justamente la maniobra. Desacreditar al gobierno popular y en general a todxs quienes se ocupan de velar por los derechos humanos en una misma vez, representándolxs como responsables de la liberación de algunxs presidiarixs como parte de una conspiración monstruosa y también como una ingenuidad imperdonable.
Ante todo, las prisiones domiciliarias o las libertades condicionales solamente las deciden lxs jueces. El Poder Ejecutivo no establece penas ni las conmuta, salvo por indultos que no están en juego en este momento. Pero es necesario señalar que los jueces deben aplicar, en cada caso particular, las recomendaciones que surgen de todos los organismos internacionales como la ONU, la OMS, la CIDH, y que por otra parte siguen la mayoría de los países del mundo.
Por otra parte, es necesario advertir que las cárceles y prisiones son lugares cerrados cuya capacidad está siempre desbordada al doble o triple, donde un brote sería incontrolable. Eso, sin duda, recaería sobre el esforzado sistema de salud pública que terminaría colapsando las previsiones de camas, personal e insumos médicos.
Ante esta visión distorsionada promovida por la oposición y los medios de comunicación concentrados hay que decir que en las prisiones no hay solo monstruos asesinos y violadores seriales como pretenden hacernos creer. Allí conviven muchísimxs prisionerxs sin condenas, con prisiones condicionales o penas por delitos menores, junto con criminales peligrosxs, asesinxs y genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, a los que, paradójicamente, les conceden domiciliarias sin que los medios se indignen por ello. Decimos que quienes están dentro de estas últimas categorías de ningún modo deben ser liberados, lo cual no significa que tengan que soportar un agravamiento de sus penas por efecto de la pandemia.
Las personas privadas de libertad tienen derecho a ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física y psicológica aun cuando los delitos que hayan cometido hayan transgredido los límites de esa humanidad. De otro modo, estaremos avalando que todx presidiarix debe permanecer en un lugar donde la enfermedad y posiblemente la muerte podrían alcanzarlo.
No consentimos con esa visión, no solo porque en esa generalidad caerían también personas que no tienen juicio justo, perejiles a quienes les han armado causas, autores de pequeños delitos empujados por su condición de pobres, linchadxs mediáticxs juzgados por jueces que no se atreven a enfrentar a la maquinaria impiadosa de los medios, sino también porque es la propia Constitución Nacional la que desde hace más de 150 años establece que las cárceles son para seguridad y no para castigo.
No hay enfrentamiento entre víctimas y derechos humanos. Nos lo enseñaron las Madres, quienes este último jueves conmemoraron el 43° aniversario de la primera marcha en la Plaza de Mayo, siempre pidiendo justicia, no venganza.
Advertimos que hay una campaña del odio para despertar los sentimientos más conservadores de las personas y dirigirlos hacia el gobierno del Frente de Todos, que viene teniendo éxito creciente en su dedicada tarea frente a las dos pandemias —la primera: la tierra arrasada dejada por el macrismo; la segunda, la del coronavirus— y que intenta hacer realidad leyes que molestan sensiblemente a las pequeñas pero poderosas minorías que no aceptan perder privilegios, posición despojada de toda solidaridad, que hoy en día ya es abiertamente indefendible.
